Además
podemos señalar que el debido proceso no está sistematizado dentro de la teoría
general del proceso. “Sin embargo esta garantía pertenece básicamente al ámbito
del derecho procesal, al derecho judicial, más concretamente al rubro de la
ciencia procesal que con el desarrollo histórico y científico de la teoría
general del proceso han visto positivizado en el texto normativo de la
constitución, diversos principios y postulados esencialmente procesales sin los
cuales no se puede entender un proceso judicial justo y eficaz”
1.1 .EL DEBIDO PROCESO
En
el estudio del debido proceso encontramos una gran variedad de conceptos
desarrollados por la doctrina nacional y extranjera que a nuestro entender
resultan deficientes, para ello comenzaremos con el jurista español Gonzalo:
“...llamamos debido proceso aquel
proceso que reúna las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional
sea efectiva, empezando por las garantías del juez natural.
En
caso de la jurisprudencia española hay dos tendencias: La primera que considera
al debido proceso como aquella garantía integrada por los elementos del Art.
24.2 C.E., que es uno de los elementos de la tutela judicial efectiva, y
segunda que el concepto de debido proceso como sinónimo de tutela judicial sin
indefensión, una forma más de referirse al derecho a la jurisdicción...”
Aníbal
Quiroga, señala “el Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal Contemporáneo
es el relativo a lograr y preservar la igualdad...”. Las definiciones
mencionadas sólo hacen alusión a un elemento del debido proceso, la cual es
insuficiente.
“El
debido proceso legal es, pues, un concepto moderno íntimamente referido a la
validez y legitimidad de un proceso judicial”, más adelante agrega “a través
del debido proceso legal podemos hallar ciertos mínimos procesales que nos
permiten asegurar que el proceso como instrumento sirve adecuadamente para su
objetivo y finalidad...”.
Ticona,
cita a De Bernardis, que sostiene que el debido proceso es una garantía y un
derecho fundamental de todos los justiciables que les permitirá, una vez
ejercitado el derecho de acción pueden, efectivamente, acceder a un proceso que
reúna los requisitos mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo
a pronunciarse de manera justa, equitativa e imparcial. Es decir, aquellos
elementos mínimos que resultan exigibles por los justiciables para que el
proceso que se desarrolle -cualquiera que este sea- pueda permitirle acceder a
la cuota mínima de justicia a la que este debe llevarle. De esta manera, el
proceso se constituirá en el vehículo que proporciona y asegura a los justiciables
el acceso a la justicia, entendida esta como valor fundamental de la vida en
sociedad.
Para
el citado autor el debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido
proceso (así como el derecho de acción, de contradicción), es un derecho humano
o fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir el estado un
juzgamiento imparcial y justo, ante un juez competente e independiente, pues,
el estado no solo está obligado a prever la prestación jurisdiccional (cuando
se ejercita los derechos de acción y contradicción), sino a proveerla bajo
determinadas garantías mínimas que se aseguran tal juzgamiento imparcial y
justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente un
contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de
acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial. El eximio jurista confunde su concepto de
acceso a la justicia, con el debido proceso y la tutela jurisdiccional,
extendiendo mucho el concepto de debido proceso.
Y
solo se circunscribe al principio de imparcialidad y que es loable la
importancia que le da al sustento axiológico de justicia al debido proceso.
Carlos
Parodi, asevera que el concepto del proceso, alcanza determinada connotación si
le anteponemos al término debido, pues su sola lectura permitirá presuponer que
existe o que puede un proceso “no debido” lo que equivaldría a un proceso
indebido, pero si al proceso debido lo relacionamos con la Constitución...
posibilitando el debido cumplimiento de los principios de oralidad...”.
El
debido proceso no solo se circunscribe en las garantías del proceso, pues tiene
una fundamentación Axiológica, “Veamos pues como nos encontramos ante un
concepto cuyos alcances no solamente se limitan a un escenario jurisdiccional,
sino que son alegables tanto en un ámbito administrativo como incluso en
relaciones corporativas entre particulares y, además, que no se limita al mero
cumplimiento de ciertas pausas sino que está internamente ligado a la
consecuencia del valor justicia...”
Ortecho,
fundamenta desde un punto de vista axiológico el debido proceso. Desarrolla dos
principios fundamentales: la dignidad humana y la justicia. También señala “Si
consideramos a la dignidad como el valor, consiste en la estimativa y respeto a
nosotros mismos por consiguiente también a los demás, y por considerarnos entes
valientes, por nuestra propia naturaleza y aunque este valor también es el
fundamento de los demás derechos fundamentales, la justicia, si representa en
un fundamento axiológico exclusivo o casi exclusivo del debido proceso. El
debido proceso es una condición o conjunto de condiciones cuando menos de la
justicia...”
La
doctrina argentina señala la dimensión axiológica del derecho en el proceso,
como lo señala el maestro Monroy Gálvez.
Bertoli,
menciona sobre el valor de justicia: “entre los principales valores
comprometidos, se destaca el valor justicia y el cual nos conduce,
derechamente, a la noción rectora del proceso justo” (10), asimismo señala: “el
valor de seguridad, en tensión dinámica con el valor justicia se realiza el
valor de seguridad que, al igual que aquel, exige la existencia de un derecho
positivo.
El
proceso judicial en cuanto constitutivo de un fenómeno social, está sometido,
en nuestro círculo de cultura jurídica con ordenamiento particular de índole
técnico legislativo, los códigos de la materia, es decir existe reglamentación
previa para arribar a la obtención de lo justo concreto... ello implica
seguridad, vía previsibilidad; además, más adelante agrega el valor de
utilidad, “A su turno, justicia y seguridad se conecta con el valor utilidad,
en cuyo alcance opera la deuda “medio-fin” central en la problemática del
proceso judicial.
Aplicado
ello al proceso judicial, concebido como objeto instrumental del derecho de fondo
a nuestro entender cabe diferenciar, por un lado el valor instrumental, cuya
consideración debe efectuarse desde el producto obtenido mediante ese
instrumento, esto es, desde la sentencia final de mérito.”
Es
una visión bilateral del derecho, por un lado como una realidad normativa,
donde prima el valor de seguridad jurídica, que tiene como fundamento el
principio de legalidad, y por otro la dimensión axiológica, empero esta visión
es incompleta e incorrecta que responderemos más adelante.
1.2 BOSQUEJO PARA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL DEBIDO
PROCESO:
1.2.1
Nuestra visión del derecho:
Para
enfocar vuestro punto de vista sobre el debido proceso es necesario tener un fundamento
en la filosofía que es el animus del derecho. La jus filosofía se hace
indispensable al jurista, el científico del derecho contribuye método y puede
decir una razón primaria de su existencia y su sentido.
Asimismo,
se debe tener claro el concepto de derecho. El derecho no es ciencia abstracta,
neutra de la actividad humano social. Por eso evoluciona y cambia. La
experiencia jurídica es dinámica, fluida, como la vida, como la historia, fuera
de la historia es imposible aprenderlo.
Definir
el derecho es una tarea de nunca acabar, como una discusión sempiterna empero
es necesario tener una postura en base a una posición jusfilosófica; y es arduo
resumir en pocas líneas, el fundamento de esa concepción, comprimir toda una
visión del derecho.
El
derecho debe conceptualizarse a partir de la realidad, allí podemos encontrar,
la unidad ineludible de la presencia de tres elementos y que están en constante
interacción dinámica; una dimensión sociológica-existencial, realidad normativa
y los valores, que a la vez no pierde su perfil propio. Si analizamos la
dimensión sociológica-existencial, la realidad normativa y los valores
estáticamente y yuxtapuestas una al lado del otro no llega a configurar el derecho, la
tridimensionalidad nace de la dinámica, que es indispensable la presencia de
todos los elementos sino estaríamos en una visión unidimensional del derecho
porque la vida humana social solo no es derecho, pero es elemento básico,
porque el ser humano es protagonista del derecho, no hay derecho sin vida
humana en la dinámica social; al igual que la norma solo no es derecho, de
igual modo los valores.
Sessarego
señala: “En la experiencia jurídica observamos que lo primero es la vida humana
coexistencial. Vida humana coexistencial que exige de una adecuada obligatoria
regulación para hacer posible, precisamente, esa convivencia, por ello mientras
existe la sociedad estará presente la regulación de las relaciones interhumanas
que en ella se manifiesta.
La
vida humana es la dimensión primaria del derecho en tanto que sin su presencia
no hay nada que valorar, ni menos nada que normar. La conducta interferida,
compartida en el seno de la comunidad humana resulta ser lo que los juristas
verifican como “el contenido” de las normas jurídicas y el objeto de una
determinada valoración jurídica. De lo expresado se desprende en consecuencia
que la integración dinámica de estas tres dimensiones –la coexistencial, lo
formal y la axiológica- nos permite aprender el derecho como una totalidad
(como una unidad conceptual).
1.2.2 Definiciones entorno del Debido Proceso
El
debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y público que contiene un
conjunto de garantías: principios procesales y derechos procesales, que tienen
las partes en el proceso. El cumplimiento del debido proceso garantiza la
eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Estas garantías,
principios procesales y derechos son númerus apertus, teniendo como parámetro a
la valoración jurídica de la justicia y la dignidad humana, es decir, el ser
humano como centro de la sociedad y su convivencia dentro de un Estado de
Derecho basado de una democracia sustancial como presupuesto para el desarrollo
y eficacia del debido proceso. Hace un
tiempo este derecho humano perteneció a
la Teoría General del Proceso con otra denominación y a partir de la
constitución de 1979 ya pertenece al
ámbito constitucional, y ello se plasma en la constitución vigente, en el
artículo 139.3.
Debemos
señalar que el debido proceso aparece en Inglaterra en 1215, como una garantía,
para ser sancionado debe existir un juicio previo, y en 1580, América Latina
sufrió la “conquista” de parte de los españoles
y con ello se produce una ola de violación a los derechos fundamentales,
procesos sin garantía, allí se plasma la tesis que la jurisdicción es la
expresión del poder; hoy en plena época moderna donde existe muchos instrumentos
internacionales sobre derechos humanos y convenios por doquier, en Irak y otros
países no democráticos, se violan los derechos fundamentales sin ningún reparo,
por ello señalamos que es importante la democracia de un país para que se cumpla eficazmente el
debido proceso y además es su base fáctica para su conceptualización, ello con
respecto de la democracia y como aspiración de sociedad.
El
jurista alemán ROBERT ALEXY señala que
los principios son un tipo de normas más complejas “a menudo, no se contrapone
regla y principio o norma y máxima. Aquí las reglas y los principios serán
resumidos bajo los conceptos de normas. Tanto las reglas como los principios
son normas porque ambos dicen lo que debe ser, ambos pueden ser formulados con
la ayuda de las expresiones deónticas básicas del mandato, la permisión y la
prohibición. Los principios, al igual que las reglas, son razones para el
juicio concreto de deber ser, aun cuando sean razones de un tipo muy diferente,
la distinción entre regla y principio es pues una distinción entre dos tipos de
normas.” Por las razones señaladas los principios forman parte estructural de
la definición del debido proceso.
De
acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la aplicación de las garantías del Debido Proceso no sólo son
exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial
sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter
materialmente jurisdiccional. En este sentido ha señalado:
"De
conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado
de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder
Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del
mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de
toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la
"determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a
cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a
través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas.
Por
la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que
ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación
de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en
los términos del artículo 8 de la Convención Americana".
El
debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y público que contiene un
conjunto El debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y público que
contiene un conjunto de garantías: principios procesales y derechos procesales,
que tienen las partes en el proceso. El cumplimiento del debido proceso
garantiza la eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
Estas
garantías, principios procesales y derechos son númerus apertus, teniendo como
parámetro a la valoración jurídica de la justicia y la dignidad humana, es
decir, el ser humano como centro de la sociedad y su convivencia dentro de un
Estado de Derecho basado de una democracia sustancial como presupuesto para el
desarrollo y eficacia del debido proceso de garantías: principios procesales y
derechos procesales, que tienen las partes en el proceso.
El cumplimiento del debido proceso garantiza
la eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Estas garantías,
principios procesales y derechos son númerus apertus, teniendo como parámetro a
la valoración jurídica de la justicia y la dignidad humana, es decir, el ser
humano como centro de la sociedad y su convivencia dentro de un Estado de
Derecho basado de una democracia sustancial como presupuesto para el desarrollo
y eficacia del debido proceso.
El
debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar
todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido
proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene
derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y
equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a
hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.
El
debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país
que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona
sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido
proceso lo que incumple el mandato de la ley.
El
Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e
imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales
cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que:
los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y,
eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también
obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente
La
doctrina conceptualiza al debido proceso, como aquella garantía general
mediante la cual se va a dotar de rango constitucional a todas aquellas
garantías específicas que no han sido reconocidas expresamente en la
Constitución, pero que se encuentran destinadas a asegurar que el proceso-
penal se configure como un proceso justo, conforme a los fines constitucionales
y típicos de un Estado de Derecho
1.2.3 El debido proceso como derecho
exigible ante cualquier órgano o autoridad estatal
De
acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la aplicación de las garantías del Debido Proceso no sólo son
exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial
sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter
materialmente jurisdiccional. En este sentido ha señalado:
"De
conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado
de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder
Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del
mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda
persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la
"determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a
cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a
través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas.
Por la razón mencionada, esta Corte considera
que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las
garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención
Americana".
Este
criterio ha sido reafirmado en diferentes decisiones a nivel de la región
andina. Así por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que el
Congreso de la República es titular de la función jurisdiccional cuando a
través de sus diferentes órganos ventila las acusaciones contra altos
funcionarios del Estado mencionados en el artículo 174º de la Constitución. En
este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que en dichos eventos las
actividades que llevan a cabo la comisión de investigación y acusación de la
Cámara de Representantes, la comisión de instrucción del Senado, la plenaria de
ambas cámaras, etc; constituyen una manifestación de la función jurisdiccional,
análoga a las etapas de investigación y calificación que realizan los fiscales
y jueces comunes.
Por
su parte, el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que el debido proceso
"está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de
orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos
los administrativos" (subrayado nuestro). Desde esta perspectiva el
Tribunal ha precisado que "el Debido Proceso Administrativo, supone en
toda circunstancia el respeto por parte de la administración pública de todos
aquellos principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la
jurisdicción común o especializada y a los que se refiere el Artículo 139° de
la Constitución del Estado (vervigracia; jurisdicción predeterminada por la
ley, derecho de defensa, pluralidad de instancia, cosa juzgada, etc.)".
Resulta
interesante mencionar asimismo que el Tribunal Constitucional peruano ha
determinado claramente que en las instancias o corporaciones particulares
también es exigible el respeto del debido proceso. Así lo manifestó el Tribunal
a propósito de una sanción aplicada a una persona en un procedimiento
disciplinario llevado a cabo en una asociación deportiva. En esta decisión el
Tribunal señaló que el respeto a las garantías del debido proceso también deben
ser observadas "en cualquier clase de proceso o procedimiento
disciplinario privado ".
A
nivel de la jurisprudencia constitucional comparada existe, en consecuencia,
una marcada tendencia a proteger las garantías del debido proceso no solamente
en los ámbitos de actuación de los órganos del Poder Judicial sino ante
cualquier instancia que tenga competencias para determinar derechos u
obligaciones de cualquier índole, incluso instituciones de carácter privado.
2.-ANALISIS HISTORICO DE LOS ELEMENTOS
DEL DEBIDO PROCESO
Hay
mucha discrepancia de opiniones en la doctrina, ello sucede cuando vemos desde
la doctrina española que construye este derecho en base de jurisprudencia y de
tratar de acercar el tema sub examine al derecho constitucional.
Como
bien sabemos la historia del proceso en el sistema germano-romano producto de
los acontecimientos sociales que vivieron los pueblos que adoptan este sistema
y fruto de la ideología imperante de marco en su tiempo.
La
primera etapa, los orígenes, fue la práctica forense en los siglos XVI a siglos
XVIII, el objeto de atención era el derecho romano, en su objeto de escribir
libros, no aspiraban a hacer ciencia
sino de enseñar el modo de proceder, los que escribían eran aquellos que no
eran juristas sino prácticos.
El
segundo es el procedimentalismo en el siglo XIX empieza con la codificación
producto de la ideología de la Revolución Francesa, en base de la sobre
valoración de la ley, la concepción se verá en los Códigos, la fuente de todo
el derecho, fue la plenitud del ordenamiento jurídico, ello fue el conjunto de
normas que regulaban la forma de obtener justicia.
La
tercera etapa es el procesalismo, a mediados del siglo XIX, en Alemania a
través del método casuístico intento hallar reglas comunes del proceso y el
concepto del derecho de acción en la polémica de Windscheid y Muther (1856 y
1857) asimismo contribuyeron otros procesalistas, ellos elaboraron una teoría
general del proceso, dentro de ella conceptualizaron los principios del proceso
como señala Peyrano en su parte introductoria de su libro.
Paralelamente
el sistema conmon law tiene su propia peculiaridad histórica y normativa basado
en la costumbre es decir el precedente jurisprudencial. Este sistema no
predomina las normas escritas, ello no quiere decir que no las existen, lo que
pasa la primera fuente de derecho es la jurisprudencia. En Inglaterra nace el
debido proceso como ya señalamos, luego pasa a Estados Unidos después se
materializa en los tratados internacionales sobre derechos humanos. En el caso español
fue prescrito en la Constitución Española de 1978, los tribunales españoles
comienzan a desarrollar a través de la jurisprudencia el debido proceso, vale
decir entra en un proceso de adaptar el debido proceso a nuestro sistema
germano-romano.
Nuestra
preocupación es adecuar, -no copiar- a nuestro sistema y a la teoría general
del proceso el debido proceso, por consiguiente llegamos a la conclusión que
los principios procesales ya fueron conceptualizados al inicio del procesalismo
y por tanto son contenidos del debido proceso y ellos garantizan un proceso
justo y válido.
En
caso de los elementos del debido proceso tiene importancia, porque permite
alcanzar la finalidad de satisfacer los intereses de los justiciables, pues de
nada serviría acceder al órgano jurisdiccional, si el proceso conforme al cual
se va a dilucidar una pretensión, no reúne los supuestos que garantice para
alcanzar la tutele jurisdiccional efectiva.
Claro
está las diferencias entre el debido proceso y la tutela jurisdiccional que tienen
alcances y características distintas, además el contenido del debido proceso
tiene propios atributos con perfiles y alcances distintos, como ya señalamos
integrada por principios, garantías, etc. Ello casi siempre se efectiviza en
los actos procesales determinados, en cambio el debido proceso es parámetro
mínimo del proceso que busca materializar el tutela jurisdiccional Efectiva.
Al
terminar estas líneas de abstracción y tema sub examine, tenemos que resaltar
su importancia práctica, porque solo teniendo claro las definiciones podremos
aplicarlo a un caso concreto, y como manifestó un magistrado los principios
procesales son como el padre nuestro para el cristiano y no ser positivistas a
ultranza esclavos de la ley, además son elementos de la norma adjetiva.
En
cuanto al debido proceso, dentro de nuestras tentaciones académicas
irrefutables, solo se pretende resaltar el aspecto axiológico y sociológico
para una comprensión integral del tema y que todo no está dicho.
3.-EL DEBIDO PROCESO EN EL AMBITO CONSTITUCIONAL
En
términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el conjunto de
"condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de
aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".
Carrión Lugo la define como el “Derecho que todo justiciable tiene de iniciar o participar en un proceso teniendo, en todo su transcurso, el derecho de ser oído, de alegar, de probar, de impugnar sin restricción alguna”.
Constituyen, pues, pilares fundamentales del derecho al debido proceso: la observancia de la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, la defensa en juicio, la motivación de las resoluciones judiciales y la pluralidad de la instancia.
Carrión Lugo la define como el “Derecho que todo justiciable tiene de iniciar o participar en un proceso teniendo, en todo su transcurso, el derecho de ser oído, de alegar, de probar, de impugnar sin restricción alguna”.
Constituyen, pues, pilares fundamentales del derecho al debido proceso: la observancia de la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, la defensa en juicio, la motivación de las resoluciones judiciales y la pluralidad de la instancia.
De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la aplicación de las garantías del Debido Proceso no sólo son exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional. En este sentido ha señalado:
"De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo . Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana".
Este criterio ha sido reafirmado en diferentes decisiones a nivel de la región andina. Así por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que el Congreso de la República es titular de la función jurisdiccional cuando a través de sus diferentes órganos ventila las acusaciones contra altos funcionarios del Estado mencionados en el artículo 174º de la Constitución. En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que en dichos eventos las actividades que llevan a cabo la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes, la comisión de instrucción del Senado, la plenaria de ambas cámaras, etc; constituyen una manifestación de la función jurisdiccional, análoga a las etapas de investigación y calificación que realizan los fiscales y jueces comunes.
Nuestra
Carta Política establece en el art. 139º, inc. 3, la observancia del debido
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. El Art. I del Título Preliminar
del CPC establece el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el
ejercicio o defensa de los derechos o intereses con sujeción a un debido
proceso.
Por su parte, el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que el debido proceso "está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos" (subrayado nuestro). Desde esta perspectiva el Tribunal ha precisado que "el Debido Proceso Administrativo, supone en toda circunstancia el respeto por parte de la administración pública de todos aquellos principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada y a los que se refiere el Artículo 139° de la Constitución del Estado (verbigracia; jurisdicción predeterminada por la ley, derecho de defensa, pluralidad de instancia, cosa juzgada, etc.)".
Resulta interesante mencionar asimismo que el Tribunal Constitucional peruano ha determinado claramente que en las instancias o corporaciones particulares también es exigible el respeto del debido proceso. Así lo manifestó el Tribunal a propósito de una sanción aplicada a una persona en un procedimiento disciplinario llevado a cabo en una asociación deportiva. En esta decisión el Tribunal señaló que el respeto a las garantías del debido proceso también deben ser observadas "en cualquier clase de proceso o procedimiento disciplinario privado”.
Por su parte, el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que el debido proceso "está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos" (subrayado nuestro). Desde esta perspectiva el Tribunal ha precisado que "el Debido Proceso Administrativo, supone en toda circunstancia el respeto por parte de la administración pública de todos aquellos principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada y a los que se refiere el Artículo 139° de la Constitución del Estado (verbigracia; jurisdicción predeterminada por la ley, derecho de defensa, pluralidad de instancia, cosa juzgada, etc.)".
Resulta interesante mencionar asimismo que el Tribunal Constitucional peruano ha determinado claramente que en las instancias o corporaciones particulares también es exigible el respeto del debido proceso. Así lo manifestó el Tribunal a propósito de una sanción aplicada a una persona en un procedimiento disciplinario llevado a cabo en una asociación deportiva. En esta decisión el Tribunal señaló que el respeto a las garantías del debido proceso también deben ser observadas "en cualquier clase de proceso o procedimiento disciplinario privado”.
En
cuanto al Tribunal Constitucional de Bolivia, esta corporación ha señalado
también que las garantías del debido proceso son aplicables a toda instancia a
la que la ley atribuye capacidad de juzgar, como ocurre por ejemplo, en el caso
de determinadas corporaciones de la Administración Pública.
A
nivel de la jurisprudencia constitucional comparada existe, en consecuencia,
una marcada tendencia a proteger las garantías del debido proceso no solamente
en los ámbitos de actuación de los órganos del Poder Judicial sino ante
cualquier instancia que tenga competencias para determinar derechos u
obligaciones de cualquier índole, incluso instituciones de carácter privado.
